El texto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un despacho de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Finalmente, por presión de aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó fijada en 14 años. Por otro lado, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permitía penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

Este punto fue uno de los que generó algunas controversias con los gobernadores, que reclamaron que Nación envíe partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.