La vocera Benavides explicó que el DNU fue precedido por una reunión con legisladores provinciales de diferentes bloques políticos y que se fundamenta en la necesidad de reforzar la idoneidad y la aptitud moral de quienes ocupan cargos públicos. “Se busca que, a través de análisis sorpresivos y aleatorios, se pueda constatar que las personas que ocupan cargos públicos tengan la aptitud física y psicológica necesaria para estar en el lugar que ocupan”, remarcó Benavides en diálogo con El Tribuno.

El Ejecutivo provincial subrayó que la función pública debe entenderse como “una responsabilidad institucional” y no como un privilegio, y que la gestión requiere “decisiones firmes, aun cuando estas generen incomodidad dentro del propio sistema político”. El mensaje oficial sostiene que la medida reafirma el compromiso con la transparencia real y con la idoneidad como obligación para ejercer cargos públicos, citando la necesidad de una “aptitud moral e integridad física y psíquica irreprochables”, conforme a la Constitución.

Tras la firma del decreto, Romero valoró la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la medida ante la falta de tratamiento legislativo. “Dentro del Estado no puede haber ningún vínculo con las drogas, y quienes ejercen responsabilidades públicas deben dar el ejemplo”, sostuvo el exlegislador.

Desde la administración de Sáenz precisaron que aún restan detalles operativos por definir, como la periodicidad de los exámenes, los organismos responsables de los controles y los protocolos específicos ante resultados positivos. De todas formas, la decisión ya impactó en la agenda institucional de 2026 y reinstaló el debate sobre integridad y control en la función pública.