Su abogado, Henri Carpentier, argumentó que esas búsquedas fueron breves, no reiteradas, y no permiten desde el punto de vista penal confirmar una intención sexual. También destacó que su cliente no intentó ningún gesto de connotación sexual aquella noche y que habría sido absurdo pretender violar a una mujer que tenía previsto regresar a la Asamblea Nacional, donde su ausencia habría sido notada de inmediato. El letrado advirtió que la “emoción es mala consejera” y borra matices necesarios en el análisis del caso.

Josso relató ante el tribunal las secuelas que arrastra desde aquella noche. Enumeró hipervigilancia permanente, trastornos del sueño, agotamiento crónico, ciáticas recurrentes, una hernia discal y la pérdida de cuatro dientes debido a la tensión constante que le hace apretar la mandíbula. Dijo que llegó a la cena como quien visita a un amigo y descubrió a un agresor. Godefroy, su abogado, detalló que la diputada tuvo seis meses de baja laboral y debió someterse a tratamiento físico, psicológico y psiquiátrico, además de experimentar pesadillas, flashbacks y episodios de disociación.

Este proceso representa el primer caso de sumisión química en el ámbito político francés que alcanza tanta repercusión pública. Apenas un año después de que estallara esta denuncia, Francia quedó conmocionada por el juicio de Mazan, donde En octubre de 2025, el Parlamento francés modificó el Código Penal para definir la violación como cualquier acto sexual no consentido. Hasta entonces, la ley solo reconocía como tal la penetración o el sexo oral cometidos mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa. La nueva normativa establece que el consentimiento debe ser libre, informado, específico, previo y revocable, y que nunca puede deducirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima. Francia se sumó así a países como España, Alemania, Bélgica y Suecia que ya contaban con legislación basada en el principio del consentimiento.