La reacción de JP Morgan Chase fue inmediata. A través de un comunicado, la entidad aseguró que la demanda “carece de fundamento” y ratificó que no cierra cuentas por razones políticas ni religiosas. Voceros del banco explicaron que, en ocasiones, deben cancelar relaciones comerciales por riesgos legales o regulatorios, en cumplimiento de normativas vigentes. La institución afirmó que tanto la administración actual como las anteriores recibieron pedidos para actualizar las reglas que inciden en este tipo de decisiones, y aseguró respaldar los esfuerzos para evitar la politización del sector bancario.

En paralelo, el sector bancario estadounidense ha enfrentado presiones de grupos conservadores, que acusan a las entidades de adoptar políticas alineadas con la igualdad y la sostenibilidad ambiental. Las críticas incluyen señalamientos por limitar el financiamiento a la industria de armas de fuego y a empresas vinculadas a energías fósiles. Trump ha sido especialmente enfático al responsabilizar a los bancos del incremento de intereses de las tarjetas de crédito y de las dificultades para acceder a créditos hipotecarios.

El texto judicial presentado en Miami-Dade acusa a JP Morgan Chase de actuar de manera unilateral, sin aviso ni remedio, y de violar los principios éticos del propio banco. Los abogados del presidente aseguran que la entidad nunca explicó las razones detrás del cierre de las cuentas, y que la decisión se basó en la percepción de que el clima político favorecía esa medida. “En esencia, JPMC desbancarizó las cuentas de los demandantes porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo”, describió el escrito. La defensa de Trump sostuvo que la inclusión en la lista negra contribuyó a que otros bancos evitaran cualquier tipo de relación comercial con los demandantes, agravando los perjuicios económicos y dificultando la gestión de negocios.