El movimiento de protestas, impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979.

Sin embargo, fuentes independientes insisten en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.

“Las evidencias que tenemos señalan de forma consistente la responsabilidad del Estado: los manifestantes fueron atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluyendo el uso de ametralladoras pesadas”, declaró Amiry-Moghaddam.

El régimen iraní ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, insistiendo en que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. Pero organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso deliberado de munición real y disparos a los ojos de los manifestantes desde tejados y posiciones elevadas, así como la represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, también con sede en Noruega, confirmó la muerte de al menos 42 mujeres a manos de las fuerzas estatales.

Las protestas, que comenzaron por el alza del costo de vida y la crisis económica agravada por las sanciones internacionales, pronto se transformaron en un desafío frontal al liderazgo clerical. La respuesta del régimen fue desplegar fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortar las comunicaciones y lanzar ataques directos contra los manifestantes.