El accionar de la organización dataría formalmente desde 2024, aunque la fiscalía ya detectó indicios concretos desde al menos un año antes.

De acuerdo al relato de Eduardo Villalba, las adolescentes eran sometidas a múltiples exigencias: aspectos físicos determinados, uso forzoso de ciertas prendas y consumo de sustancias ilegales. En los mensajes recolectados figura que uno de los imputados solicitó a una víctima para “llevarla a una despedida de solteros” y que otro reclamaba los servicios “los sábados para después de jugar al fútbol”.

En las últimas horas, el juez Bavio amplió la acusación penal y extendió la investigación hasta el 29 de mayo tras una audiencia que se extendió por más de seis horas y que involucró a todos los actores legales: además de la fiscalía, participaron el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar, la abogada querellante Sandra Domene, los defensores Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, y la Asesora de Menores e Incapaces Gala Emilse Poma, en representación de las 16 menores identificadas como víctimas directas.

Desde entonces, la investigación avanzó con nuevas detenciones hasta sumar un total de nueve acusados, el alcance de la pesquisa creció exponencialmente y el número de víctimas detectadas pasó de tres iniciales a 33 adolescentes, sin descartarse nuevas identificaciones.

Según la fiscalía, el cúmulo de evidencia obtenida a partir de peritajes a teléfonos celulares, transferencias bancarias y análisis de redes sociales fue decisivo. Estos elementos permitieron reconstruir la operatoria de la red, ubicar a los responsables y precisar los lugares donde se concretaba el abuso, como hoteles sobre la ruta 26 y domicilios particulares de los acusados.

El proceso judicial sigue su curso en paralelo con las tareas de apoyo y contención a las víctimas. Verónica Olguín Rufino, psicóloga a cargo del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, desarrolló un abordaje individual que fue considerado clave por la fiscalía: permitió que varias adolescentes aportaran detalles hasta entonces ocultos, haciendo visible el alcance real de la red e identificando más casos.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), conducida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, acompaña la investigación local, junto a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el foco puesto en el examen exhaustivo de dispositivos electrónicos y evidencia digital.

El núcleo de la estructura delictiva quedó expuesto a través de las nuevas imputaciones: de los nueve detenidos, ocho están acusados como coautores de trata y explotación sexual agravada, y cinco de ellos también enfrentan cargos como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la promoción y facilitación de la prostitución. Además, seis acusados recibieron imputaciones por tenencia y distribución de material sexual de menores, uno por corrupción de menores, dos por abuso sexual de una menor de 13 años, y dos por promoción y facilitación de prostitución agravada en seis hechos, siendo las víctimas siempre adolescentes.