>El conflicto por la supresión del subsidio a la obra social de jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires dio paso a su primer capítulo judicial. Un abogado jubilado de 80 años de La Plata inició una acción de amparo al verse obligado a elegir entre conservar la jubilación o pagar la cobertura de salud. La medida adoptada por la entidad previsional, que alcanzó a 2.473 beneficiarios, motivó la demanda que ahora estudia el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº21 de La Plata.

Durante décadas, la Caja de Abogados bonaerense (CPAB) cubrió la totalidad de la cuota mensual de la Caja de Abogados Asistencial (CASA) para quienes alcanzaban la edad jubilatoria o recibían una pensión. La lógica de este beneficio se sostenía en la solidaridad de aportes entre generaciones activas y retiradas. No obstante, este esquema comenzó a modificarse de modo paulatino.

El impacto económico resulta considerable. Según el planteo presentado en tribunales, la jubilación básica en el sector ronda los $800.000 mensuales, mientras que el servicio asistencial sanitario supera los $700.000. En la práctica, sostener la cobertura implica entregar casi el ingreso previsional por completo al sistema de salud.

En la reconstrucción de los hechos presentada ante la Justicia, el jubilado cronológicamente explicó cómo los recortes fueron absorbidos en etapas. Hasta septiembre, con una subvención vigente del 70 por ciento, lograba organizar su economía familiar. Todo cambió al aplicarse el recorte al 17 por ciento y mudarse al nuevo sistema de percepción. Ya en octubre y noviembre, tuvo que desembolsar más de $810.000 mensuales, pagando “bajo protesto” y con intereses, por temor a perder la cobertura por edad.

En la instancia inicial, el juez Héctor Luján Iacomini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº21 de La Plata, rechazó la medida cautelar que solicitaba suspender el cobro del 100 por ciento de la cuota asistencial, pero admitió la competencia y ordenó a la Caja de Abogados bonaerense responder y fundar su resolución en el término de cinco días.

También interpeló el argumento institucional de que la Caja y la obra social se traten de entidades distintas: “Fueron creadas con un único fin solidario. Cambiar el sistema de percepción no elimina la responsabilidad. Medidas como esta ponen en crisis el espíritu de la colegiación obligatoria”.