El texto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasa al despacho del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podrá sancionarlo o vetarlo, en una decisión que tendrá fuertes repercusiones políticas y jurídicas. Si es promulgada, la ley aún puede enfrentar demandas ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF).

El texto también permite que quienes estén presos por primera vez progresen a regímenes más benignos después de cumplir aproximadamente el 16% de la sentencia y no el 25% requerido hasta ahora. En el caso de Bolsonaro, condenado como líder en la intentona golpista, podría salir de prisión cerrada en poco más de tres años, si se aplican todos los descuentos previstos.

La iniciativa fue impulsada inicialmente por grupos de la oposición que pretendían una amnistía general, pero fue reformulada en el Congreso para limitar los efectos exclusivamente a crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, subrayó que no se trata de un perdón universal, sino de ajustar la proporcionalidad y evitar la sobrecarga de penas.

La tramitación generó disputas dentro del gobierno. Mientras algunos legisladores buscaron atrasar el debate y endurecer la respuesta penal, otros admitieron la necesidad de aprobar el texto para avanzar en temas fiscales y tributarios que requerían apoyo parlamentario.

El siguiente paso depende de la decisión presidencial. Lula puede sancionar o vetar total o parcialmente la ley. Cualquiera sea el desenlace, el tema podría terminar bajo evaluación del Supremo Tribunal Federal, manteniendo abierto el debate sobre la proporcionalidad de las penas tras una crisis que puso a prueba la institucionalidad brasileña.