Según informó el portal Rosario3, el expediente se reactivó cuando el fiscal Ramiro González Raggio inició tareas de vigilancia con la colaboración de la división local de Gendarmería Nacional.

Además, el teléfono celular incautado a L. P. en febrero se sometió a pericias de gabinete por parte de Gendarmería. Así, se extrajeron conversaciones que revelan la relación habitual de la mujer con al menos dos móviles de la propia fuerza federal, cuyos agentes patrullaban bordeando la zona controlada.

En otra conversación, la mujer pide de manera directa “un paquete de mercadería blanca”, término comúnmente utilizado en el narcotráfico para referirse a un ladrillo de cocaína, con el objetivo de fraccionarlo para la venta minorista.

El avance de la causa permitió identificar comunicaciones en las que la acusada se jactaba de haber “arreglado” con algunos dispositivos móviles de Gendarmería, un dato interpretado por la fiscalía como indicio de presuntas coimas para “liberar” zonas de control y permitir la libre circulación de sustancias prohibidas.

Los representantes del Ministerio Público dispusieron el secuestro de los teléfonos de los efectivos, a la espera de peritajes. Los tres gendarmes fueron apartados de sus tareas preventivamente, aunque todavía no se procedió con una imputación formal.

El domicilio de Homero Manzi al 2500 ya figuraba en la agenda policial. Según esta información, el 23 de diciembre de 2023 sufrió un ataque a tiros, acompañado del lanzamiento de una nota destinada a uno de los hijos de L. P., preso en la Unidad Penitenciaria de Piñero.