La investigación judicial reveló que, a los 12 años, la madre de la víctima la envió a vivir con otro hombre, seguidor del rito umbanda, donde fue sometida a intentos de abuso. Luego, bajo amenazas y presiones económicas, la madre la obligó a prostituirse con familiares, conocidos y en una casa de tolerancia.

Durante los años siguientes, Polo continuó el sometimiento, hasta que en 2020 la situación escaló. La joven denunció violencia doméstica, hostigamiento y amenazas de muerte en la Comisaría de la Mujer, y presentó pruebas de que Polo había incendiado su vivienda mientras sus hijos, de 3 y 9 años, estaban adentro.

El juez Michilini coincidió con esa interpretación, estableciendo que la “unión de hecho” impuesta por Polo “configura una modalidad contemporánea de servidumbre matrimonial o ‘matrimonio forzado’”, y que la víctima fue privada de su autonomía y sometida a explotación sexual prolongada a través de distintos mecanismos de coacción y dependencia.

La investigación sobre la madre de la víctima y otros familiares sigue abierta ante la Justicia Federal de Mercedes.