En Costa Rica, la legislación electoral prohíbe al presidente, a su gabinete y a otros altos funcionarios participar o influir en campañas electorales, así como utilizar sus cargos para favorecer o perjudicar a partidos políticos. El principio de neutralidad es considerado una de las garantías centrales del sistema democrático costarricense.

No es la primera vez que el presidente supera un intento de levantamiento de su inmunidad. En septiembre pasado, el Congreso también rechazó una solicitud presentada por la Fiscalía General en una causa por un presunto uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Desde la oposición, la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, defendió la solidez del expediente del TSE y advirtió sobre la gravedad de los hechos investigados. A su juicio, las conductas denunciadas afectan directamente “la pureza del sufragio” y el principio de imparcialidad política que deben observar determinados funcionarios públicos, en especial el presidente de la República.

“El fuero no es una camisa de fuerza para la Justicia, es un freno para el abuso”, afirmó el diputado oficialista Manuel Morales, quien defendió la inmunidad presidencial como una garantía de estabilidad institucional y advirtió sobre el impacto que tendría habilitar procesos sin pruebas concluyentes en medio de una confrontación política creciente.