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17 de diciembre de 2025

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

La votación permitió congelar la suba de la edad jubilatoria y destrabar el presupuesto de la Seguridad Social, en medio de fuertes tensiones políticas y negociaciones con la oposición

>El Parlamento de Francia aprobó este martes la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, en una votación clave que permitió destrabar el proyecto de financiación de la Seguridad Social para 2026 y evitó, al menos por ahora, una nueva crisis de gobierno.

“Es una victoria del Parlamento”, celebró la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, al destacar que el gobierno optó por no recurrir al artículo 49.3 de la Constitución —que permite aprobar leyes sin votación—, una herramienta utilizada de forma reiterada desde 2022 y fuertemente cuestionada por la oposición.

El texto aprobado congela hasta el 1 de enero de 2028 los cambios centrales introducidos por la última reforma previsional, una de las banderas del segundo mandato de Macron. En los hechos, la edad legal de jubilación quedará fijada en 62 años y nueve meses, y el número de trimestres exigidos para acceder a una pensión completa se limitará a 170, dejando en suspenso el aumento progresivo hasta los 64 años y los 43 años de cotización.

Estas modificaciones habían sido impulsadas por la entonces primera ministra Élisabeth Borne y generaron masivas protestas sociales en todo el país. Su suspensión se convirtió ahora en una moneda de cambio decisiva para lograr consensos mínimos en un Parlamento fragmentado.

El respaldo al proyecto provino de los diputados del Movimiento Demócrata, liderado por el ex primer ministro François Bayrou, y del partido oficialista Renacimiento, mientras que la Agrupación Nacional, de extrema derecha, y La Francia Insumisa, en la izquierda radical, votaron en contra.

El gobierno busca reducir el déficit público al 5% del PBI, mientras que los socialistas presionan para incorporar medidas de justicia fiscal, en particular nuevos impuestos a los grandes patrimonios. Si no hay acuerdo, el proceso parlamentario podría prolongarse hasta 2026, obligando al Ejecutivo a recurrir a una ley especial para garantizar de manera transitoria la financiación del Estado.

El debate del presupuesto de 2026 profundizó esas tensiones y terminó de romper la alianza entre el oficialismo centroderechista y la coalición de izquierdas. Desde entonces, el gobierno se ve obligado a negociar cada artículo para sobrevivir políticamente y evitar una nueva censura parlamentaria.

(Con información de AFP/EP)

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