Además, el Alto Comisionado alertó que “existen crecientes preocupaciones por la confiscación de bienes por parte de las autoridades rusas en el territorio ocupado, en violación del derecho internacional humanitario”. En ese contexto, precisó que hasta noviembre de 2025, más de 38.000 viviendas habían sido registradas como potencialmente abandonadas en las regiones ocupadas, y subrayó que muchos ucranianos informaron que no pueden verificar el estado de sus propiedades ni conservar su titularidad debido a obstáculos de procedimiento.