“Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables”, sostuvo el ministro, quien remarcó la necesidad de “hacer una investigación y una auditoría” para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos.

El ministro precisó además que el 28% de los créditos provenientes de las RIN “fueron para crear 14 empresas inviables”, las cuales se convirtieron en un “instrumento de corrupción”. Según detalló, de ese grupo cuatro empresas cerraron y cinco se encuentran en quiebra técnica.

Lupo explicó que, de las 67 empresas analizadas, nueve existían antes de 2006, 45 se crearon como nuevas y 22 se constituyeron como subsidiarias de empresas estratégicas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Según el informe presentado, 40 plantas fueron entregadas, 134 permanecen en construcción, 19 se encuentran en funcionamiento, 41 están en una situación no ejecutable y 60 fueron calificadas como inviables. Lupo indicó que esos proyectos abarcan sectores como biocombustibles, manufactura, fertilizantes, agroinsumos, farmacéutica, litio, minería, alimentos y química básica.

Lupo sostuvo además que el “desfalco” total supera los 7.750 millones de dólares, o incluso “casi el doble”, si se incorporan recursos adicionales provenientes de créditos internacionales que no se encuentran cuantificados dentro de las RIN.

La presentación del informe sobre el presunto daño económico coincidió con el anuncio de la conformación de la denominada Comisión de la Verdad, instancia que investigará supuestos hechos de corrupción en el sector de los hidrocarburos durante los Gobiernos de Morales y Arce.