Además, subrayaron que la defensa judicial debe ser ejercida por empleados y funcionarios propios, en línea con criterios de austeridad y simplificación administrativa.

En el plano operativo, instruyeron a la Secretaría de Asuntos Jurídicos a priorizar la recuperación de sumas abonadas en concepto de pericias judiciales que deban ser solventadas por terceros, y a elaborar informes mensuales sobre el estado de las causas de mayor relevancia económica o institucional. También se le encomienda proponer criterios para determinar el carácter de incobrable o antieconómico de las deudas a favor del Consejo, en consonancia con la Ley 24.156.

La transición será gradual. En lo inmediato, se continuará requiriendo la representación letrada al Ministerio de Justicia, pero la Secretaría de Asuntos Jurídicos asumirá progresivamente la defensa en las causas existentes y en las que se inicien en el futuro, con prioridad en los litigios vinculados a concursos, procesos disciplinarios y aquellos de relevancia económica o institucional.

La resolución también autoriza a los abogados del Departamento de Asuntos Contenciosos a matricularse ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para actuar en tribunales federales de todo el país, exclusivamente en defensa de los intereses del Consejo y del Poder Judicial. El titular de la Secretaría podrá expedir las certificaciones necesarias para acreditar la personería de los letrados ante los tribunales.