Según la propuesta, ambas condenas —consideradas de tipificación similar— no podrán acumularse, por lo que solo se aplicaría la pena más grave: la correspondiente al golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, en lugar de sumarse a los hasta ocho años previstos por el otro delito.

Otra de las principales modificaciones es la progresión de régimen: los condenados podrán pasar del cerrado al semiabierto con mayor rapidez, al haber cumplido al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte en caso de haberse producido violencia.

Durante el debate, Pereira defendió la iniciativa como un gesto de “reconciliación” y de “corrección de excesos” en las penas impuestas por el Supremo, aunque aclaró que no implica “evitar la responsabilización”.

En un principio, el Partido Liberal de Bolsonaro buscó una amnistía total que anulara por completo la condena, pero la mayoría de los partidos, incluidos sectores de derecha, se opusieron. Finalmente, los diputados ultras aceptaron una versión menos ambiciosa. Sóstenes Cavalcante, líder de los diputados más radicales, admitió que “era el texto posible” y que Bolsonaro respalda la propuesta.

La sesión estuvo marcada por tensiones, forcejeos y episodios de protesta, incluida la ocupación del sillón de la presidencia por el diputado de izquierda, Glauber Braga, quien tuvo que ser retirado por la fuerza.