La familia está representada por los abogados Sacha Ghozlan y Patrick Klugman. Ghozlan calificó el caso como un ejemplo de “antisemitismo ambiental, en la intimidad del entorno familiar”, una expresión que apunta a un clima hostil sostenido en la interacción cotidiana. Klugman lamentó que los tres menores no hayan sido reconocidos como víctimas directas, pese a haber estado en contacto cotidiano con la acusada.

La acusada negó haber actuado contra los niños y sostuvo ante los policías que su conducta fue “como un castigo por lo que ellos me hicieron”, según el documento citado por AFP. Afirmó que no añadió sustancias peligrosas en objetos destinados a los menores y rechazó que su acto respondiera a una motivación religiosa, pese a sus declaraciones iniciales.

El caso se inscribe en un clima de creciente preocupación por actos antisemitas en Francia, donde las autoridades han alertado sobre un aumento sustancial de incidentes desde 2023. La Fiscalía ha endurecido su seguimiento de los delitos motivados por prejuicios religiosos, especialmente en contextos escolares y domésticos, considerados más difíciles de detectar.