La defensa también remarcó que durante el juicio político se rechazó prueba clave, se negaron careos, se impidió el acceso a material probatorio ofrecido por Makintach y se le permitió declarar solo 15 minutos, sin preguntas ni posibilidad real de defenderse.

Esto —afirmó la defensa— significa que la ministra ya tenía “opinión emitida”, lo cual la inhabilitaba para presidir el juicio político y para intervenir ahora en la revisión judicial del caso.

Además, remarcaron que Kogan ya había sido recusada durante el desarrollo del jury, recusación que fue rechazada pese a que, según la defensa, existían “conductas que permitían presumir parcialidad manifiesta”.

Otro de los puntos críticos es la actuación simultánea de varias partes acusadoras: la Procuración, el Colegio de Abogados de San Isidro y los representantes de un denunciante particular.

“Durante todo el jury, la jueza Makintach debió defenderse frente a tres acusadores. No es proporcionado ni equilibrado”, afirmó el escrito donde no se reconoce su destitución.

Aseguró otra vez que no hubo filmación ilegal, que no existía prohibición normativa y que Makintach ni controló ni tuvo dominio sobre registros audiovisuales ajenos.

“Los gravámenes al debido proceso son más graves que cualquier conducta atribuida a Makintach”, concluyó el escrito.