A pesar de su antigüedad, el KPP nunca había tenido un peso significativo en la política nacional. Con alrededor de un millar de militantes, sin representación institucional y con escasa presencia mediática, el partido había permanecido en los márgenes de la vida pública. Su propia presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karon, llegó a afirmar ante el tribunal que la prohibición era innecesaria, ya que su programa era “tan poco atractivo” que difícilmente conseguiría apoyo electoral.

Tal como informó TVP, la solicitud presidencial no solo destacaba la ausencia de representación parlamentaria del KPP como un factor diferenciador frente a otros procesos similares, sino que también se apoyaba en disposiciones de la Ley de Partidos y en diversos artículos de la Constitución que impiden la existencia de organizaciones contrarias al orden constitucional. Desde el Ejecutivo se argumentaba que los postulados del KPP incluían elementos que, según sus detractores, representaban una amenaza directa para la estabilidad democrática y la seguridad institucional del Estado.

Zbigniew Ziobro, quien encabezó esas iniciativas, enfrenta actualmente 26 causas penales en Polonia, entre ellas la presunta dirección de una organización delictiva y el desvío de aproximadamente 150 millones de zlotys (unos 35 millones de euros).