>Los movimientos sociales, los gremios estatales, las organizaciones piqueteras y sectores del peronismo anunciaron “un diciembre caliente” tras definir una serie de medidas de fuerza, marchas y ollas populares contra “las políticas de ajuste y la reforma laboral”, impulsadas por La Libertad Avanza. Desde la Casa Rosada le restan importancia a la amenaza: descreen del “poder de movilización” de estos sectores y recuerdan que aplicarán —como en todos los casos— el protocolo antipiquetes.

Algunos puntos ya fueron acordados: el 9 o 10 de diciembre comenzarán las primeras medidas. “Será una jornada de lucha con todas las organizaciones populares, una jornada cuyas características vamos a anunciar en los próximos días”, adelantaron a este medio desde la UTEP. Según Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la organización, “el eje va a estar puesto en los temas sociales y en los problemas vinculados al trabajo, la cuestión alimentaria y el avance del narcotráfico y los tranzas en el territorio”.

El 11 de diciembre, la UTEP convocará a una movilización por lo ya anunciado por los organismo de derechos humanos, que marcharán a partir de las 16.30 a Plaza de Mayo en el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, con la “unidad de las luchas con la memoria como bandera”.

El epicentro de las medidas, que se votarán el próximo 4 de diciembre y que sumarán a las ya votadas, será el AMBA y varias capitales provinciales. Las protestas apuntan, según se informó desde la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) “al ajuste, la caída de ingresos, la desprotección social y el avance de la reforma laboral”, que impulsa el Gobierno.

De igual forma, desde la UTEP, la CTA Autónoma, ATE, Libres del Sur, Territorios en Lucha y el Frente Nacional Piquetero, recordaron que el inicio de las medidas fue el miércoles 26 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo, en plena discusión por el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. Habrá acciones sostenidas durante todo diciembre: paros, marchas, cortes, acampes, ollas populares bajo el lema “las ollas están vacías”, y protestas sorpresivas.

A ese frente social se sumó un nuevo actor de peso: el Partido Justicialista (PJ), que publicó un duro comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que rechaza la reforma laboral del Gobierno y advierte sobre el deterioro acelerado del mercado de trabajo.

El referente de la UTEP Esteban “Gringo” Castro volvió a poner en el centro la crisis social y la falta de contención estatal. Desde los barrios populares advierten una profundización del hambre, el derrumbe del salario informal y la ausencia de políticas de emergencia. “Nuestro sector es el más golpeado… lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado“, le dijo Castro a Infobae.

El dirigente social viene alertando sobre el impacto territorial del ajuste. “Hay hambre, bronca y odio. diciembre puede ser un mes caliente si no se actúa rápido. Cuando el Estado se retira, avanza la marginalidad y el narco. Lo estamos viendo todos los días”, advirtió.

Desde Libres del Sur, la dirigente nacional Silvia Saravia sumó una mirada crítica y confirmó que su organización también estará en las calles durante diciembre: “Las agresiones de Javier Milei van hacia los sectores que más ayuda necesitan, como jubilados y personas con discapacidad. Ahora, se suma un ajuste a la asignación universal y al salario familiar”.

Finalmente, avanzó con un análisis de alcance geopolítico: “Milei y Sandra Pettovello —por la ministra de Capital Humano— le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump y a los sectores económicos que no quieren que seamos un país con producción y desarrollo soberano. Seguiremos denunciando el saqueo y la destrucción que significa priorizar la timba financiera por sobre la salud, la educación y los derechos constitucionales”.

En paralelo, el Frente Sindical definió una serie de medidas concretas. ATE ya realizó un paro nacional días atrás y adelantó que volverá a detener actividades el día en que se trate la reforma laboral en el Congreso. El gremio denuncia que el proyecto del Gobierno “flexibiliza, desregula y destruye derechos adquiridos”, y que se inscribe en el ajuste generalizado sobre el empleo estatal.

La CTA Autónoma, por su parte, elaboró un plan de lucha que incluye protestas conjuntas con movimientos sociales, paros escalonados y la presentación pública de una contrapropuesta técnica. En ese marco, los organizadores de las protestas plantean al gobierno de La Libertad Avanza una serie de demandas:

A estas definiciones se sumó un pronunciamiento conjunto de las dos CTA sobre la reforma laboral. Los representantes sindicales rechazaron cualquier modificación que vuelva a incursionar en puntos que la Justicia Laboral ya declaró inconstitucionales en virtud del DNU 70/23. También denunciaron la voluntad del Gobierno de “fragmentar y atomizar al movimiento obrero bajo el pretexto de la modernización”, una ofensiva que —advirtieron— no es ajena al intento oficialista de dividir la representación parlamentaria de la oposición.
En esa línea, reafirmaron la necesidad de sostener una estrategia de unidad y articulación tanto en el Congreso como fuera de él, para confluir en un esfuerzo común. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, remarcaron. Las centrales adelantaron que seguirán impulsando iniciativas de resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo, y que avanzarán junto a distintos actores del campo popular en debates hacia una reforma que incorpore nuevas necesidades y derechos de los trabajadores y trabajadoras, y no sólo los intereses de los grandes grupos empresarios.
Mientras tanto, fuentes oficiales reconocen que se preparan operativos de seguridad reforzados, con aplicación estricta del protocolo antipiquetes.