En sus inicios, esta estrategia se dirigió a operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero posteriormente se extendió hacia un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha consolidado como una “práctica generalizada”.

Entre los hallazgos relevantes, la CIDH también identificó connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, una profundización de la impunidad y la obstaculización de los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.

Ante este panorama, la Comisión presentó 43 recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas destaca la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.

El informe fue elaborado mediante una “metodología muy estricta”, que incluyó una visita in loco, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.