“Este señor intenta llevarse algo absolutamente inmerecido”, expresó.

Ahora espera la resolución de la Cámara de Apelaciones tras presentar la impugnación del fallo. Mientras tanto, el embargo bancario sigue vigente.

Por su parte, según consta en la sentencia, el trabajador, “en el contexto de la pandemia por COVID-19, durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (A.S.P.O.) dispuesto por los D.N.U. 260/2020 y 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, intimó a la parte demandada al pago de los salarios adeudados de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, bajo apercibimiento de considerarse despedido. Añadió que ante el silencio de la empleadora, se consideró injuriado y procedió a disolver el vínculo laboral en forma indirecta con fecha 29 de junio de 2020″.

Solicitó la “extensión y entrega de recibos de haberes desde mi fecha de ingreso ocurrida el día 5 de enero de 1994” y la acreditación del “depósito de aportes previsionales y de obra social desde igual fecha”. Advirtió que, si no se cumplía este pedido, reclamaría judicialmente las sanciones correspondientes.

Indicó que percibía una “remuneración de $100.000 mensuales, de los cuales $40.000 eran abonados en blanco por recibo y $60.000 en negro, denominado por la doctrina y jurisprudencia como ‘de bolsillo’ (propina)”. Comunicó que informaría a la AFIP sobre la situación.

Enfatizó también: “Niego categóricamente que me haya ausentado injustificadamente de mi trabajo. Como resulta de su conocimiento padezco ‘Epoc Agudo’ (Enfermedad Obstructiva pulmonar) la cual resulta enfermedad de base, que puede resultar letal en caso de contraer Covid 19, por lo que Ud. me licenció hasta que concluya pandemia y/o se reestablezca la labor por disposición del Gobierno Nacional”.

Exigió el pago de “indemnización, salarios adeudados, preaviso, integración mes de despido, SAC adeudado y vacaciones proporcionales” y requirió la “entrega en debido tiempo y forma, certificados de Ley y Servicios, bajo apercibimiento de reclamar la multa correspondiente”.