>La localidad fronteriza de Aguas Blancas, en el norte de Salta, se encuentra en el centro de una investigación por el crecimiento inusual de su padrón electoral. La Justicia Federal ordenó que 2.864 personas, vinculadas a posibles empadronamientos irregulares, acrediten su domicilio real en el municipio limítrofe con Bolivia en los próximos días. Si los requeridos no logran demostrar su residencia en territorio argentino antes del viernes, serán eliminados del listado oficial de votantes, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

La resolución judicial requirió que la Gendarmería Nacional difunda listados en las principales calles, el Centro de Salud y la Aduana de la ciudad. Los involucrados pueden presentarse personalmente ante el Juzgado Federal o responder por correo electrónico para ratificar su residencia en el municipio. El objetivo es depurar el padrón de ciudadanos que fijaron allí un domicilio con fines electorales pero en realidad viven fuera del país o en otras localidades.

Las anomalías se concentran en cuatro arterias ubicadas en las cercanías del río Bermejo. Según constató la fiscalía en trabajo de campo, la calle 20 de Febrero, de 619 metros, cuenta con 793 electores registrados, aunque en el lugar hay espacios baldíos, hoteles y depósitos, en número muy inferior al de personas empadronadas. Situaciones similares fueron detectadas en las calles 25 de Mayo, 9 de Julio, Rivadavia y otras intersecciones donde la cantidad de electores supera abrumadoramente las viviendas reales.

El interventor del municipio, Adrián Zigarán, admitió públicamente la gravedad de la situación. En palabras recogidas por Qué Pasa Salta, aseguró que “no llegamos a 4.000 habitantes y tenemos 5.700 electores. Hay mínimo 2.800 votantes truchos”.

El origen del caso remite a una denuncia radicada en 2023 por el dirigente político Santiago Alberdi, quien alertó sobre el cruce masivo de personas durante las jornadas electorales a través del paso internacional. El requerimiento judicial apunta a restituir la legitimidad institucional y garantizar que las autoridades de los departamentos Orán y San Martín sean elegidas por residentes genuinos.

Hasta el momento, las autoridades locales y la Justicia han coincidido en la necesidad de depurar los listados para que sean representativos de la ciudadanía real, alejando prácticas que perjudiquen el funcionamiento democrático y la correcta asignación de los recursos estatales.