Esto provoca, según la evaluación de Gutiérrez y Mandri Tabernero, un doble efecto negativo: para el comprador, implica una doble imposición por tener que tributar tanto en la provincia que corresponde territorialmente como a través de la retención en Misiones, mientras que, si el agente de retención omite aplicarla, debe responder por el monto, intereses y multas con capital propio: “Todo ello, por una operación que bajo ningún punto de vista podría tributar en Misiones”.

La salida administrativa para obtener una exclusión o devolución tampoco se presenta viable. Los contribuyentes interesados en dejar atrás estos regímenes deben iniciar un proceso que, en palabras de los expertos del Estudio Lisicki Litvin & Abelovich, “exige someterse a un trámite eterno, donde el fisco se autoimpone plazos de 180 días hábiles para decidir si otorga o no una exclusión, los cuales pueden extenderse por años si la administración decide fiscalizar antes de resolver”.

En el presente, la disputa tiene una instancia de definición pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente “Establecimiento Las Marías”. Gutierrez y Mandri Tabernero sostienen que el máximo tribunal nacional “tiene en sus manos terminar con este infierno fiscal”, con la mirada puesta en el rol institucional asignado a la Corte por la Constitución Nacional.