Según la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, en este tramo circulan diariamente hasta 300 barcazas, lo que convierte a la hidrovía en un eje logístico de alta relevancia, pero también en un espacio propicio para delitos complejos.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad lanzó el “Plan Paraná” como política pública sostenida, con el objetivo de incrementar la presencia estatal, fortalecer la capacidad de control y neutralizar las actividades ilícitas en la hidrovía y sus zonas de influencia.

Entre los objetivos específicos del plan se destacan la desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte, que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones; el incremento de controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la hidrovía, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; y el fortalecimiento de la cooperación con organismos multilaterales y agencias extranjeras especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, como la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la DEA de Estados Unidos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA).

El despliegue del “Plan Paraná” se organizará en fases operativas definidas por polígonos territoriales de intervención sobre la hidrovía:

La autoridad de aplicación podrá abrir nuevos polígonos de intervención según la evolución de la criminalidad y las problemáticas detectadas, con el fin de garantizar un control integral, flexible y dinámico de la vía fluvial.
La coordinación general del plan estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, que podrá designar a un responsable específico para la implementación de las distintas fases de planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación.

Un funcionario seleccionado por el titular de la Prefectura Naval Argentina asumirá la coordinación operativa del comando.

El plan prevé la participación de las policías de las provincias involucradas, que podrán designar representantes como enlaces, y la articulación con organismos como la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Nacional de Migraciones y otros entes competentes. También se invita a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de las provincias a designar representantes para facilitar los canales de comunicación institucional.