La Corte sostuvo que, desde ese momento, Silva Reyes se encuentra desaparecido y que Nicaragua no ha entregado información sobre su paradero, limitándose a sostener que el coronel habría escapado de la embajada, sin registros oficiales de detención o liberación. El tribunal determinó que la detención ocurrió sin orden judicial y en condiciones clandestinas, constituyendo una privación arbitraria de libertad.

La Corte señaló que Silva Reyes quedó expuesto al riesgo de violencia y ejecución en un contexto de represión contra ex miembros de la Guardia Nacional, lo que derivó en la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, el documento afirma que el régimen incumplió con su deber de investigar y buscar a la víctima, a pesar de estar al tanto de los hechos desde al menos 1990.