En línea con otros países que aplicaron políticas similares, el exviceministro planteó que las estrategias más efectivas para reducir la informalidad son aquellas que trasladan el incentivo al usuario final, en vez de concentrarse únicamente en las empresas. “Todos los programas que han bajado la informalidad en el mundo no le pusieron incentivos a las compañías, sino que pusieron la demanda de formalización del lado del consumidor”, sostuvo ante Infobae.

A diferencia de la respuesta presidencial, la propuesta de Álvarez Agis, según sus palabras, buscaría premiar y facilitar la actividad de empresas y comercios inscriptos, mientras gravaría la operatoria en efectivo para inducir su bancarización. “La medida está pensada para que, en términos de presión tributaria, sea neutra para la economía en su conjunto, pero le bajás la presión fiscal al universo formal y le subís y le dificultás la vida al universo informal”, sintetizó para Infobae.

La controversia abarca la puja entre los modelos que privilegian la búsqueda del equilibrio fiscal mediante el ajuste del gasto, en contraste con aquellos que exploran nuevas fuentes de financiamiento a partir de gravámenes sobre consumos o transacciones particulares. Las declaraciones de Javier Milei sugieren que toda iniciativa orientada a gravar movimientos de fondos en efectivo genera rechazo dentro del gobierno nacional, ya que lo considera una transferencia forzada de recursos desde el sector privado hacia la administración central.