El fenómeno, identificado y categorizado por la UFIARM durante el último año, se inscribe en la tipología de desvíos definida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Bajo la denominación de “testaferro de armas de fuego”, el informe no alude a un delito autónomo, sino a una categoría operativa que permite analizar maniobras en las que un usuario habilitado adquiere armas de manera legal y luego las transfiere ilícitamente a terceros.

El informe subraya que este mecanismo genera un “lavado de legalidad”, ya que las armas permanecen formalmente bajo la titularidad de un usuario legítimo, aunque en la práctica hayan ingresado al circuito ilegal, tanto a nivel nacional como internacional.

La UFIARM aclaró que los indicadores de riesgo presentados se centran en los testaferros que actúan con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de participar en el desvío de armas, y no en quienes resultan víctimas de maniobras ajenas.

El informe cita expresamente que “no interesa cuál sea la finalidad del autor al hacer entrega del arma, pues la conducta resulta típica si se dan las circunstancias que enumera la figura”. Esta interpretación doctrinaria amplía el alcance de la norma y permite incluir diversas maniobras bajo la figura penal, aunque la dificultad probatoria principal reside en demostrar el conocimiento del entregador sobre la falta de legitimación del destinatario.

Este patrón puede indicar habitualidad o ánimo de lucro, circunstancias que agravan la pena según el Código Penal. Además, es frecuente que los testaferros denuncien hurtos o robos para justificar la ausencia del material, cuando en realidad nunca lo tuvieron en su poder, sino que actuaron como intermediarios para terceros impedidos de acceder al mercado legal, como personas con antecedentes penales o miembros de organizaciones criminales.

El objetivo central del informe es poner el foco en las maniobras complejas y reiteradas, en las que participan múltiples actores, incluidas armerías, gestores, mandatarios y organizaciones criminales. Se trata de articulaciones estables que sostienen en el tiempo un circuito clandestino de provisión de armas y municiones, con acuerdos de voluntades dirigidos a mantener estas maniobras ilícitas de manera reiterada.

El informe destaca que “en algunos casos, un solo indicio puede justificar la ampliación de la pesquisa; en otros, la acumulación de varios de ellos elevará el riesgo de estar ante una maniobra que excede la figura del artículo 189 bis, inciso 4°, del Código Penal”.

En cuanto a la capacidad contributiva, se consideran señales de alerta la falta de medios económicos acordes al volumen de armas adquiridas o la financiación de las compras por terceros sin justificación documental.

En relación al paradero de las armas, se destacan las denuncias reiteradas de hurtos o robos, la imposibilidad de justificar la ubicación actual de las armas y la aparición de las mismas en hechos delictivos, especialmente en investigaciones vinculadas al narcotráfico.

En el ámbito del contrabando, se consideran señales de riesgo la frecuencia de salidas del país del usuario legítimo, especialmente a los mismos destinos o en fechas próximas a la adquisición de armas, así como el registro de envíos internacionales de paquetería vinculados a la compra de armamento. Finalmente, los indicadores relacionales incluyen la coincidencia de domicilios, teléfonos o correos electrónicos entre varios usuarios, el uso compartido de gestores, la transferencia recíproca de armas en cortos períodos y la aparición de usuarios como denunciantes o testigos en causas relacionadas.