5 de noviembre de 2025
Embargaron por $120 millones a la ex vicegobernadora de Neuquén, destituida por hechos de corrupción
Gloria Ruíz se encuentra imputada por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, causa que enfrenta luego de ser removida de su cargo. La inhibición de bienes fue confirmada en las últimas horas por un tribunal de impugnación
Al exponer los motivos del embargo, Narváez subrayó que el monto corresponde a valores históricos del detrimento causado a las arcas públicas por dos hechos principales: la acusación por enriquecimiento ilÃcito y las maniobras consideradas fraudulentas en la administración de fondos.
Las audiencias para debatir estas medidas cautelares han sido escenario de duros cruces entre el fiscal Narváez y Balladini, según la crónica publicada por Diario RÃo Negro.
El proceso se extiende más allá de Ruiz. También enfrenta un embargo millonario MarÃa Isabel Ricchini, exsecretaria de Cámara de la Legislatura, señalada como coautora de hechos de administración fraudulenta. Sobre Ricchini pesa la inmovilización de bienes por 90.494.688,05 pesos. De acuerdo con la fiscalÃa, la actuación de Ricchini resultó esencial como parte de un circuito fraudulento.El diagnóstico de la fiscalÃa, detallado en una gacetilla del organismo fechada el 17 de octubre, vincula la imputación de Ruiz a la incapacidad de justificar el incremento patrimonial registrado tras su asunción como vicegobernadora. Narváez indicó que las explicaciones ofrecidas por la exfuncionaria, que incluyeron venta de vehÃculos, préstamos y pagos con tarjeta de crédito, resultaron insuficientes para justificar la compra de la camioneta Toyota. El fiscal calificó el enriquecimiento denunciado como “de gran magnitudâ€, y explicó que no correspondÃa ni con el salario ni con ingresos paralelos.El expediente también involucra a otras figuras de la gestión anterior. Se amplió la acusación contra Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora y excoordinador de Casa de las Leyes, y se imputó a la exprosecretaria administrativa Élida Noemà Sánchez. Según la fiscalÃa, Pablo Ruiz promovió contrataciones irregulares por más de 45 millones de pesos en perjuicio del Estado, con la colaboración de Ricchini y Sánchez. En todos los casos, las intervenciones se llevaban a cabo por fuera de los procedimientos previstos por la Ley de Administración Financiera, y las contrataciones y pagos se formalizaban cuando los servicios ya habÃan sido ejecutados.Hasta el momento, los querellantes sostienen que el embargo y la inmovilización de bienes buscan asegurar fondos para eventuales decomisos y reparaciones futuras ante una posible condena.
