31 de octubre de 2025
Juicio por YPF: luego de la tensa apelaci�n, Burford exigi� que Argentina entregue de inmediato chats y mails de funcionarios
La pulseada por la entrega de informaci�n digital suma presi�n sobre el proceso judicial en Nueva York, que ayer tuvo una jornada importante por la sentencia de fondo del caso
>En otro capitulo del juicio por la expropiación de YPF, Burford Capital solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que mantenga el plazo judicial de hoy, 30 de octubre, para que la Argentina entregue todas las comunicaciones fuera de los canales oficiales, incluidas aquellas realizadas a través de plataformas como WhatsApp.
Si bien tanto el Gobierno como el bufete inglés que compró los derechos para litigar en esta causa, celebraron el proceso de ayer (Ese fallo de fondo se conocerá el años próximo, pero como las sentencias en EEUU puede ejecutarse mientras corre le apelación, Burford intenta desde el año pasado cobrarla. Para eso interpuso varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego). En es “rama” del caso se dio el pedido de información de funcionarios y ex funcionarios de este gobierno y el anterior, como por ejemplos los dos últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
En una charla exclusiva con Infobae, único medio que cubrió ayer la audiencia en Nueva York, uno de los subprocuradores del Tesoro (PTN), Juan Ignacio Stampalija, le dijo a Román Lejtman, corresponsal de este medio en EEUU, que en la audiencia “quedó claro que son dos entes jurídicos distintos y que no hay el alter ego”.Julio Comadira, el otro subprocurador, agregó que “el tema quedó muy bien fundado tanto por nosotros como por los abogados de YPF. YPF tiene un 49% de accionistas privados, tiene deuda en otros mercados, muchos fondos de otros países. Esa es la demostración más clara de que el Estado, si bien es inversionista mayoritario de YPF, también comparte este pasivo con los accionistas y que la compañía tiene vida propia y es un ente totalmente separado del Estado”.En su presentación, Burford pidió que, en caso de que la magistrada considere conceder una prórroga, la fecha límite se fije de manera estricta para el 21 de noviembre, sin posibilidad de nuevas extensiones.Sostuvo también que “cualquier dificultad en cumplir con el plazo de producción del 30 de octubre de 2025, ya sea por el volumen de comunicaciones o por cualquier otra razón, es enteramente responsabilidad de la República”.
Además, el estudio volvió a acusar al país de mantener una estrategia de dilación en todas las etapas del proceso e indicó que, tras enviar el 1 de octubre una lista de términos de búsqueda para identificar comunicaciones relevantes y proponer modificaciones a la lista de custodios, no recibió respuesta. Una carta adicional enviada el 6 de octubre sobre otros asuntos pendientes tampoco habría sido contestada. Burford subrayó que la demora en la entrega de documentos resulta cada vez más perjudicial para los demandantes y expresó preocupación por la preservación efectiva de las comunicaciones fuera de los canales
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