Ahora, ante el juez de Garantías Gustavo Zapata la fiscalía sostuvo que las dos mujeres, identificadas por sus iniciales D.Z. y N.P., habrían actuado en coordinación con otros 21 imputados —de los cuales 19 continúan procesados— para captar, trasladar y acoger a la víctima con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre.

Durante la audiencia, el juez ratificó la medida de retención de pasaportes y la prohibición de salida del país que ya pesaban sobre ambas imputadas desde su detención inicial. Las mujeres habían sido demoradas días después de los primeros operativos contra el resto de los integrantes del grupo, tras la denuncia del dueño de una hostería de Neuquén donde se encontraban alojadas.

Para esta etapa del proceso, la fiscalía contó con el apoyo técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). A través del análisis del material extraído de las computadoras incautadas, los peritos lograron establecer conexiones directas entre D.Z., N.P. y los demás miembros de la organización, fortaleciendo la hipótesis acusatoria.