29 de octubre de 2025
El combate de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho muestra la expansión del grupo criminal brasileño a nivel nacional
Más de sesenta personas han muerto en la ofensiva más letal de la historia de Río de Janeiro, centrada en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, y liderada por el gobierno de Cláudio Castro
A pesar de que se ha detenido a unos ochenta narcotraficantes, muchos de ellos han sido vistos desde los helicópteros de la policÃa huyendo en fila india y escondiéndose en la espesa vegetación que rodea las favelas de RÃo de Janeiro, vestidos con uniformes de camuflaje y armados con armas pesadas como Kalashnikov, una huida similar a la de 2010, cuando la policÃa ocupó el Complexo do Alemao. Sin embargo, la policÃa no logró detener al principal buscado de la operación, uno de los lÃderes del Comando Vermelho, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, de 55 años. Por él se ha puesto ahora una recompensa de 100.000 reales (18.653 dólares), la misma que en 2000 las autoridades ofrecieron por la detención de Fernandinho Beira Mar, histórico lÃder de la facción, actualmente recluso en la prisión federal de máxima seguridad de Catanduvas, en el estado de Paraná. Doca tiene 20 órdenes de detención pendientes. Originario del estado nororiental de ParaÃba y criado en la favela de Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, Doca es un fugitivo del sistema penitenciario y está siendo investigado por más de 100 asesinatos. En 2023 fue señalado como el autor intelectual del asesinato de tres médicos y del intento de asesinato de un cuarto en Barra da Tijuca, confundidos con milicianos de Rio das Pedras. Posteriormente, habrÃa ordenado el asesinato de los responsables de ese ataque. También es buscado por el caso de la desaparición en 2021 de tres niños en Belford Roxo, en la región periférica de RÃo de la Baixada Fluminense. Según las investigaciones de la policÃa, habrÃa ordenado eliminar a quienes los habÃan asesinado. Ni los cuerpos de las vÃctimas ni los de los niños han sido encontrados.
El secretario de Seguridad Pública de RÃo de Janeiro, VÃctor Santos, declaró que la operación se planificó con antelación y no contó con el apoyo del Gobierno federal. “Toda la logÃstica la gestiona el propio Estado. Hay unos 9 millones de metros cuadrados de caos en RÃo de Janeiroâ€, afirmó. “La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es un estado de defensa. Ya no es responsabilidad exclusiva del Estado; trasciende nuestras competencias. DeberÃa haber habido cierta integración con las fuerzas federales. RÃo está aisladaâ€, declaró el gobernador Castro en polémica con el gobierno de Lula. De hecho, el gobernador de RÃo habrÃa pedido ayuda al gobierno federal, en particular blindados del ejército, pero se le denegó al menos tres veces. La reacción del Ministerio de Justicia no se ha hecho esperar. “El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha respondido con prontitud a todas las solicitudes del Gobierno del Estado de RÃo de Janeiro para el despliegue de la PolicÃa Nacional en el Estado en apoyo de las agencias de seguridad pública federales y estatales. Desde 2023, se han presentado 11 solicitudes de renovación de la FNSP (Fuerza de Seguridad Nacional) en RÃo de Janeiro, todas ellas aceptadasâ€, se lee en el comunicado emitido por el ministerio en estas horas. “La PolicÃa Federal (PF) llevó a cabo 178 operaciones en el estado de RÃo de Janeiro solo en 2025, 24 de las cuales relacionadas con el tráfico de drogas y armas. En total, se realizaron 210 detenciones, 60 de las cuales estaban directamente relacionadas con investigaciones sobre tráfico de drogas y armasâ€, concluye el texto.La operación de RÃo de Janeiro se produce en un momento muy delicado del debate nacional sobre la seguridad pública. La semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó al Ministerio de la Casa Civil un proyecto de ley contra el crimen organizado para contrarrestar la expansión de este en Brasil. El proyecto prevé la creación de una base de datos nacional de los miembros de todas las organizaciones criminales del paÃs, que son unas noventa en todo Brasil, en particular los del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho. Entre otras medidas previstas, también figura la introducción del término “organización criminal calificadaâ€, que se aplicará a los casos relacionados con el control del territorio o las actividades económicas. De ahà también el aumento de la pena de 8 a 15 años de prisión para los grupos que traten de controlar territorios o actividades económicas mediante la violencia, la coacción o las amenazas. En comparación con otras legislaciones, como la antimafia italiana, el paquete ha sido objeto de crÃticas por no reflejar adecuadamente la evolución del crimen organizado brasileño que, según ha declarado a Infobae el fiscal Lincoln Gakiya, ha alcanzado niveles comparables a los de la “mafia italianaâ€. Precisamente la semana pasada, la PolicÃa Civil de San Pablo frustró un plan del PCC para asesinar a Gakiya y al coordinador de prisiones del estado, Roberto Medina, lo que demuestra que la guerra del narcotráfico en Brasil es cada vez más una guerra contra el Estado. “La situación actual es el resultado de décadas de negligencia y fragmentación de las polÃticas públicas. El problema no se resolverá solo con operaciones de choque que aborden los efectos en lugar de las causas. El núcleo de la crisis reside en el control territorial ejercido por milicias y facciones, que sustituyen al Estado allà donde este está ausenteâ€, escribe en el diario O Estado de Sao Paulo Rafael Alcadipani, de la Fundación Getulio Vargas. “Recuperar este territorio requiere una estrategia coherente, permanente e integrada en los distintos niveles de gobierno. Esto incluye una presencia cualificada y continua de las fuerzas del orden, la rehabilitación de zonas enteras, la garantÃa de servicios públicos dignos y alternativas económicas concretas para quienes viven en estos barriosâ€, añade Alcadipani.
