El impacto de la operación se extendió a más de 200.000 residentes, quienes, según la asamblea legislativa del estado, sufrieron las consecuencias de escuelas cerradas, desvíos de autobuses y suspensión de servicios en unidades de salud.

Desde 2020, la Corte Suprema de Brasil impuso restricciones a los operativos en favelas, limitando el uso de helicópteros y las acciones cercanas a escuelas o centros de salud, medidas que fueron levantadas este año. El historial reciente de violencia evidencia la magnitud del problema: en 2024 han muerto cerca de 700 personas en intervenciones policiales, a razón de casi dos por día en Río de Janeiro.