21 de octubre de 2025
Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como sucedió con la Emergencia en Discapacidad
La ley también establece la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, que deberán ajustarse según la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. El crédito vigente en 2025 para la promoción de carreras estratégicas asciende a $33.041.929.460. La actualización de las partidas para cumplir con esto implicaría un costo estimado de $72.840.933.495, para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $76.614.000.000, para el Programa de Becas Progresar.
Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000.
De esta manera, el Ejecutivo advierte que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.En ambos decretos, el Gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156. Por ello, su ejecución queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.Pese a estos argumentos, el Congreso rechazó ambos vetos, por lo que el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.