El recorrido parlamentario también estuvo marcado por la persistencia de familiares, activistas y referentes sociales. “Una semana antes de la partida de mi padre, se presentó el primer proyecto de ley de eutanasia. Él llegó a saber que existía, aunque era evidente que no iba a llegar a tiempo —evocó—. Después vinieron propuestas alternativas, negociaciones entre partidos, incluso algún estancamiento por diferencias internas. Pero finalmente, en este nuevo período, logramos el consenso necesario: el proyecto fue desarchivado, votado nuevamente en Diputados y, ayer, aprobado en el Senado. Estamos felices de haberlo conseguido”.

Sobre el corazón de la ley y su implementación, la activista destacó los requisitos estrictos previstos para evitar abusos y priorizar la libertad individual. “La ley está pensada para mayores de edad, ciudadanos o residentes en Uruguay —precisó—. La persona debe estar psíquicamente apta, atravesar una enfermedad terminal que le provoque sufrimientos insoportables o una condición que deteriore progresivamente su calidad de vida, siempre sin esperanza de recuperación. El proceso no es inmediato: debe intervenir un equipo de al menos dos médicos que corroboren la situación. Si hay desacuerdo, se convoca una junta médica, que incluye psiquiatras y especialistas >“Tras el aval profesional, se abre un período de diez días para garantizar que la decisión fue bien reflexionada. En ese tiempo se revisa la voluntad del paciente y se exige la presencia de dos testigos, que no sean beneficiarios de la herencia. Si tras todos estos pasos se confirma el pedido, recién entonces se autoriza el procedimiento. Pero la fecha final siempre la decide el paciente”, detalló. Toda esta estructura, advirtió Salgueiro, busca asegurar que cada quién pueda ejercer la máxima soberanía sobre su propio final.

Uno de los temores recurrentes que surgieron durante el debate parlamentario giró en torno al rol del dolor y el acceso a cuidados paliativos. “Hay sociedades médicas que sostienen que con cuidados adecuados muchos pacientes pueden tener mejor calidad de vida —señaló—. Pero la ley no obliga a nadie: hay quienes desean seguir hasta el último momento, y otros a quienes el deterioro les resulta intolerable. La clave es que el dolor no es solo físico; también hay un sufrimiento psíquico y emocional que debe ser respetado”.