La ley, previamente aprobada por la Duma, pretende responder así a la situación descrita por el portavoz de la cámara, Viacheslav Volodin, quien lamentó en septiembre que “más del 40 por ciento de agentes extranjeros no cumplen con los procedimientos operativos”, apuntando además a un supuesto aumento de las infracciones administrativas entre 2023 y 2024 también del 40 por ciento.

Con la reforma, lo que antes era una falta administrativa se convierte en un posible delito. La medida amplía el margen de persecución penal y refuerza el carácter represivo de la figura del “agente extranjero”, intensificando la presión sobre activistas, periodistas y organizaciones críticas que operan en la frontera entre la ley y la disidencia. Este giro no solo modifica la letra de la norma, sino que consolida su función simbólica: catalogar a alguien como agente extranjero ya no es solo un estigma, sino el punto de partida de una condena.