>La defensa de Ariel García Furfaro, propietario y directivo de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, vinculados al presunto fallecimiento de 124 pacientes, presentó ayer la apelación de su procesamiento (junto a otras 13 personas) por la elaboración y venta del medicamento contaminado con al menos dos bacterias. A lo largo de cien fojas, el abogado Gastón Marano argumentó las razones, según su entender, por las cuales reclama la nulidad de la indagatoria y objeta la forma en que se le imputó los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

La acusación central sostiene que el empresario actuó como coautor penalmente responsable de —según la investigación— decisiones y omisiones dentro de la empresa que derivaron en la circulación y administración de medicamentos adulterados en el sistema de salud.

“No se determinó con precisión el hecho atribuido ni el aporte causal individual”, sostiene la apelación presentada el lunes 7 de octubre. El escrito sostiene que el magistrado no aplicó de manera correcta ni interpreta el artículo 308 del Código Procesal Penal, ya que la acusación no detalló de manera precisa los hechos por los cuales se lo acusaba a Ariel García, lo cual imposibilita una defensa eficiente; el artículo 306 que exige la descripción minuciosa de la conducta reprochada; y el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de defensa y el debido proceso.

Además, se apoya en instrumentos internacionales como el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exigen información clara y concreta sobre los cargos que se le enrostran al imputado.

En cada argumento, la estrategia de Ariel García insiste en que la imputación no cumple ni con los estándares internos del Código Procesal Penal de la Nación ni con los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema argentina.