La denuncia apunta contra quienes intervinieron el espacio físico donde habitualmente se preserva la memoria de los trabajadores estatales desaparecidos, una iniciativa impulsada por familiares y agrupaciones de derechos humanos en distintas instituciones del país. Según fuentes oficiales, el hecho quedó encuadrado en las figuras penales de daño según el artículo 183, daño agravado por el inciso 5 del artículo 184 y desobediencia al artículo 239 del Código Penal.

Entre quienes participaron del acto de intervención figuran representantes de la Intersindical de Derechos Humanos, ATE —incluida su secretaria adjunta Agustina Panisa—, y miembros de Satsaid, Sutepa, CGT y CTA. La denuncia oficial señala de modo particular la presencia de los ex ministros Tomada y Olmos como parte de quienes intervinieron en la colocación de la nueva baldosa conmemorativa.

Las agrupaciones sindicales y de derechos humanos sostienen desde hace años acciones conmemorativas en distintos edificios estatales para visibilizar el destino de trabajadores desaparecidos durante el último régimen militar. Sin embargo, la intervención llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo derivó en enfrentamientos y fricciones entre asistentes y efectivos policiales que acudieron al lugar tras la denuncia presentada por los responsables ministeriales, de acuerdo a lo consignado en el parte oficial.