La nueva normativa indica que aquellos que asuman un cargo de representación pública deberán autorizar a sus respectivas entidades bancarias para que entreguen su información financiera sin mayores complicaciones burocráticas y sin una autorización judicial de por medio.

El proyecto es resistido por la oposición, desde donde lo han declarado inconstitucional por atentar contra el principio de privacidad. Además, aducen, en Chile cuando la UAF ha pedido levantar el secreto bancario de alguien investigado, los tribunales han otorgado su autorización.

Así las cosas, la oposición sufrió un duro traspié puesto que la iniciativa avanzó sin las indicaciones del senador independiente -aunque de oposición-, José Manuel “Rojo” Edwards, quien buscaba sacar al SII de la ecuación, aduciendo a filtraciones previas desde ese órgano que lo harían poco transparente.