Atauche fue el primero en defender su texto. “Viene a actualizar el artículo 64 de la Ley de Cooperativas, la 20.337, y a incluir un nuevo inciso, una nueva causal de incompatibilidad para integrar el consejo de administración de las cooperativas. Estas causales son las previstas por los artículos 300, inciso 2°, y 301 del Código Penal”, indicó el jujeño.

Atauche luego contó: “Yo tengo aquí muchos ejemplos -no me voy a poner a ahondar en ellos- de utilización de cooperativas como instrumento de defraudación, para estafar a familias y demás. Tengamos en cuenta que el Código Penal, en cuanto a estos artículos, incluye una condena de seis meses a dos años. Por lo tanto, en algunas situaciones se podría dar el caso de que hayan defraudado con una cooperativa, cumplan una condena de seis meses e, inmediatamente, vuelvan a estar habilitados para, posiblemente, volver a defraudar a la ciudadanía. En general, esto se utiliza para defraudaciones a muchas familias, muy numerosas”.

Giménez respondió: “Yo soy autora del otro, que propone una reforma del artículo 64 del Régimen de Cooperativas respecto de las limitaciones para integrar el consejo de administración. En lo esencial, elimina la sanción adicional de diez años prevista en la norma. La actual redacción del artículo implica que aquellas personas que cumplieron con su condena no podrán integrar el consejo de administración de una cooperativa sino hasta transcurridos diez años desde su rehabilitación. Esto, según entiendo, es una sanción adicional que convierte a la norma en inconstitucional, porque contradice el principio de que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica”.