>Chile avanza silenciosamente en un proyecto de infraestructura digital que podría tener implicaciones profundas para la soberanía de datos en América Latina. Se trata del llamado “Chile–China Express”, un cable submarino propuesto que conectaría las costas chilenas con Hong Kong. Aunque a simple vista podría parecer un emprendimiento técnico más en la expansión global de las telecomunicaciones, lo cierto es que este plan se diferencia por la opacidad con la que se lo ha manejado y por los riesgos que se desprenden de la legislación china en materia de seguridad cibernética e inteligencia. La discusión trasciende los límites de Chile, pues cualquier país que interconecte sus redes con ese tendido quedaría expuesto a las obligaciones que empresas chinas mantienen con el Estado de Pekín.

En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales. La ausencia de convocatoria abierta y el bajo nivel de transparencia constituyen la primera señal de alarma.

A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.

La opacidad no es nueva en los acuerdos con China. Un estudio de AidData analizó más de un centenar de contratos de deuda con países de América Latina y África y concluyó que incluyen cláusulas de confidencialidad extraordinarias, restricciones de divulgación y garantías de pago por fuera de los mecanismos multilaterales como el Club de París. Infobae documentó cómo, en Ecuador, lA la dimensión jurídica se suma la dimensión de inteligencia. Informes de Safeguard Defenders han documentado la existencia de más de 50 “estaciones de policía” chinas en el extranjero, incluidas algunas en América Latina. Estas oficinas, presentadas como centros de servicios para ciudadanos chinos en el exterior, han sidoEl discurso de las autoridades chinas suele presentarse en clave de beneficio económico inmediato. Inversiones en plantas industriales, promesas de generación de empleo y transferencia de tecnología acompañan a estos proyectos. Pero la experiencia chilena muestra que muchas de esas promesas se han quedado en el papel. En 2021, se anunciaron inversiones de la farmacéutica Sinovac en Antofagasta y Santiago, así como proyectos de BYD y Tsingshan para instalar plantas de baterías de litio. Años después, ninguno de esos planes se ha concretado plenamente; algunos han sido suspendidos, otros retirados. Reuters y El País han confirmado que al menos dos de esas iniciativas fueron canceladas o congeladas.

El debate sobre el Chile–China Express toca además un punto crucial: la gobernanza digital. Al igual que en las decisiones de endeudamiento externo, las democracias deben decidir si aceptan acuerdos que limitan su capacidad de control sobre sectores estratégicos. La transparencia es el primer requisito para tomar decisiones informadas, y su ausencia es el síntoma más evidente de que lo que está en juego no es solo conectividad, sino soberanía.

En cambio, La Ley de Inteligencia Nacional es una norma que complementa la CSL al exigir que cualquier organización o ciudadano “apoye, asista y coopere” con la labor de inteligencia del Estado. La ley no distingue entre actividades domésticas y en el extranjero, lo que amplía el alcance de la obligación.

El Humboldt conecta Chile con Oceanía con socios identificados. El Chile–China Express aparece como proyecto en progreso con destino Hong Kong. La duplicidad de rutas hacia Asia, una con Estados Unidos y otra con China como actores principales, refleja la competencia geopolítica por controlar la infraestructura digital en la región.