Además, “en septiembre de 2024 la Corte Suprema expulsó a 135 personas detenidas por motivos políticos hacia Guatemala, les revocó la nacionalidad y confiscó sus bienes”, indicó la directora de la División de Operaciones Globales de la oficina de la ONU, Maarit Kohonen, al presentar el informe al Consejo.

Esta reforma “redujo la separación de poderes, debilitó el pluralismo político de cara a futuras elecciones” y “elimina garantías fundamentales como la prohibición expresa de la tortura, el derecho al debido proceso, o la prohibición de la censura”, indicó Kohonen ante el Consejo, del que Nicaragua se retiró este mismo año.

En los meses estudiados, añadió, continuaron las cancelaciones de personalidad jurídica de organizaciones, hasta un total de 5.535 cerradas desde 2018, mientras “la libertad de religión sigue golpeada”, con 850 asociaciones religiosas canceladas, siete sacerdotes expulsados, un pastor evangélico detenido arbitrariamente y dos laicas en situación de desaparición forzada.