Miércoles 24 de Septiembre de 2025

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24 de septiembre de 2025

Chubut plebiscita la eliminación de fueros especiales para los tres poderes del Estado y sindicalistas

Es una iniciativa del gobernador Ignacio Torres que ya superó obstáculos judiciales en contra de magistrados y sindicalistas. Junto con las elecciones del 26 de octubre, los chubutenses votarán por sí o por no para igualar a todos ante investigaciones judiciales

>La Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad en marzo una enmienda constitucional sancionada para la eliminación de los fueros especiales de autoridades de los tres poderes del Estado y sindicalistas, y formalizó el llamado a un referéndum el 26 de octubre para que sus habitantes aprueben o rechacen la iniciativa del gobernador Ignacio Torres.

De forma sorpresiva, fueron los jueces provinciales quienes plantearon la mayor resistencia a la iniciativa. Intentaron voltear el plebiscito a través de la presentación de múltiples recursos. Esta semana debería expedirse la Corte Suprema y, de acuerdo a lo que plantearon dirigentes políticos de distintos partidos, si hace lugar a la medida cautelar que elevaron los magistrados, el caso podría ser “escandaloso”.

La Legislatura ya formalizó y presentó la boleta que se usará para el referéndum, que consiste en un texto para votar por “SÍ” o por “NO” en las mismas mesas de las elecciones nacionales y por los mismos ciudadanos habilitados en los padrones.

“¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?”, dice en mayúsculas el encabezado de la boleta del referéndum, y al pie incluye dos casilleros para tildar la respuesta del votante, por el SÍ o el NO.

La misma boleta consigna los artículos reformados 247 (para los Ejecutivos provincial y municipales completos) y 248 (para legisladores, magistrados, funcionarios judiciales y sindicalistas) de la Constitución provincial que, de imponerse el voto por el SÍ, quedarán textualmente de esta manera: “Artículo 247: Supresión de la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia condenatoria. El Gobernador, el Vicegobernador y los integrantes de los tribunales electorales provincial y municipales están sujetos a la acción penal sin privilegio. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno, así como tampoco requiere proceso legislativo de desafuero”.

Artículo 248: Supresión de la inmunidad de ejecución de sentencia condenatoria. La promoción de causa penal, su tramitación y el enjuiciamiento penal por delitos comunes o en ejercicio de la función contra legisladores, magistrados del Poder Judicial, Procurador General, Defensor General, fiscales, defensores, ministros del Poder Ejecutivo, miembros electivos de los municipios, dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos, no requiere intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no requiere proceso legislativo o judicial de desafuero, ni ante el Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo municipal, según el caso”, prosigue.

Esta boleta fue aprobada oficialmente tras una audiencia encabezada por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, y los apoderados de seis fuerzas políticas. En la misma audiencia aprobaron dos modelos de Boleta Única que debutarán en estas elecciones para diputados (Chubut no renueva senadores), para usar en la circunscripción de Esquel y en la de Trelew, en las que estarán divididas las votaciones de octubre.

El gobernador Torres cuestionó a los jueces de su provincia que intentaron frenar el plebiscito que se llevará a cabo en octubre y que busca eliminar los fueros para representantes de los tres poderes. Lo hizo luego de que el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, presentara una medida cautelar para bloquear la iniciativa.

Torres incluso recibió un apoyo explícito del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien en la presentación de la flamante Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, sostuvo: “Estamos ante un fenómeno global, la gente percibe que la democracia dejó de ser para el pueblo. Tenemos que tomar la iniciativa desde el Poder Judicial, porque somos el rostro más directo frente a los ciudadanos. Creemos en la democracia, en la división de poderes y en los valores republicanos y constitucionales”.

Ese acto resultó un fuerte espaldarazo para Torres, ya que también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Jujuy, Carlos Sadir, ambos del PRO, partido originario del gobernador de Chubut.

De acuerdo a analistas políticos y periodísticos, la provincia patagónica (que pone en juego dos bancas en la Cámara baja) marcha hacia una casi segura polarización entre LLA y el PJ, sin opción al ingreso de una tercera fuerza al Congreso. Por ello, el gobernador Torres confía que el referéndum quebrará ese escenario en desmedro del PJ, cuyo primer candidato a diputado, el ex intendente kirchnerista de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, enfrenta denuncias por corrupción en los tribunales chubutenses.

Incluso, en agosto pasado, el fiscal Jefe Cristian Olazábal ordenó múltiples allanamientos en el marco de la causa “Emergencia Climática II”, que apunta a exfuncionarios de la gestión municipal de Luque. La causa investiga supuestas irregularidades relacionadas con el uso de fondos de emergencia tras un temporal en 2017. Además de Luque, los funcionarios judiciales allanaron las viviendas del ex secretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.

Este caso es una derivación de la primera investigación, “Emergencia Climática I”, que culminó en 2024 con la condena de ex secretarios y empresarios por maniobras de fraude, falsificación y cobros por obras no realizadas. La sentencia inicial de la primera causa fue apelada y está en revisión.

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