La normativa obliga a los exportadores beneficiados a liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la DJVE, bajo apercibimiento de quedar excluidos del beneficio y retomar la alícuota histórica. Las autoridades nacionales, junto con el Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, podrán diseñar regulaciones complementarias para fiscalizar el sistema.