>Es fácil ver la determinación en el enfoque del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela y el riesgo que enfrenta el régimen de Maduro en Venezuela, el gobierno de facto, si no trabaja para abordar las amenazas que emanan de Venezuela y que impactan directamente en los objetivos de Estados Unidos: detener el flujo de drogas mortales e inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El reciente ataque contra la lancha rápida es una demostración de la voluntad del gobierno de Estados Unidos de escalar más allá de las restricciones anteriores. Estados Unidos tiene una variedad de opciones para seguir adelante, que incluyen ver si esta demostración de fuerza fue suficiente para hacer que Maduro mejore las preocupaciones de Estados Unidos con ataques adicionales y limitados hasta una operación similar a la Causa Justa para llevar a Maduro y sus compinches ante la justicia en los Estados Unidos como lo que le sucedió a Manuel Noriega. Si bien el presidente Trump minimizó la posibilidad de un cambio de régimen la semana pasada, el despliegue de un Grupo Anfibio y una Unidad Expedicionaria de Marines en la región brinda opciones para el uso de la fuerza, y si el cambio de régimen se vuelve a poner sobre la mesa, el hecho de que exista un gobierno legítimo y electo de jure proporciona un camino potencial para un restablecimiento exitoso de la democracia constitucional en el país. Sin embargo, el retorno a una democracia constitucional no es un resultado seguro, lo que destaca la necesidad de analizar algunas de estas opciones y las implicaciones más amplias en caso de que se lleven a cabo.

Durante el primer mandato del presidente Trump, el énfasis político de la Administración en Venezuela se centró posiblemente en la restauración de la democracia. En el segundo mandato del presidente Trump, la lente a través de la cual se ve a Venezuela está posiblemente dominada por los desafíos percibidos del régimen de Maduro a los intereses fundamentales de Estados Unidos, incluida su facilitación de los flujos de drogas que matan a estadounidenses y su autoritarismo y políticas desastrosas como causa principal de los flujos migratorios a los Estados Unidos (incluido el Tren de Aragua, que ha traído una mayor violencia criminal a las ciudades de Estados Unidos ya que el grupo se aprovecha de esos migrantes). La negativa de Maduro a cooperar plenamente en la aceptación de venezolanos deportados de Estados Unidos y las percepciones de que sobrevivió al presidente Trump en su primera Administración podría decirse que da forma a una postura más centrada en la Casa Blanca en la actualidad.

Además, un conjunto diferente de nombramientos políticos y un Consejo de Seguridad Nacional reorganizado y un proceso interinstitucional en la administración actual significa que los subordinados están más en sintonía con las prioridades del presidente y la implementación de sus decisiones. Inclinando aún más la balanza hacia una acción decisiva de Estados Unidos, figuras clave de la Administración que han tratado de negociar con Maduro, como Richard Grennell, no han logrado resultados positivos, lo que fortalece los argumentos de otros, como el secretario de Estado Marco Rubio, que durante mucho tiempo han sido agresivos con Venezuela.

A continuación, en términos de autoridades legales, la Administración ha determinado que el Cartel de los Soles, al igual que el Tren de Aragua, es una organización terrorista que causa daño a ciudadanos estadounidenses a través de su exportación de drogas. Aunque algunos han cuestionado la determinación, facilita argumentos legales para acciones para neutralizar a los miembros, líderes y operaciones del cártel. El uso de fuerza letal por parte de la Administración de los Estados Unidos contra 11 personas en una lancha rápida que, según indica, estaba vinculada al Cártel, aunque cuestionada por algunos, debería indicar a los leales a Maduro la posibilidad de que la Administración también actúe contra figuras más importantes del Cartel de los Soles.

Complementando el marco legal de la Administración, la actual fuerza militar estadounidense reunida en el Caribe es de un tamaño y composición que brinda al comandante una gama de opciones hasta operaciones decisivas para capturar o eliminar incluso figuras sustancialmente protegidas del Cartel de los Soles .

El reciente despliegue adicional de 10 F-35 de Estados Unidos, el caza de superioridad aérea más sofisticado y sigiloso de la Fuerza Aérea, en Puerto Rico, proporciona una mayor garantía de neutralizar cualquier amenaza aérea venezolana o externa, y posiblemente ilustra el grado de seriedad y detalle con el que Estados Unidos está planeando operaciones de combate con la fuerza reunida. Estados Unidos también tiene amplias opciones para enviar cazas, bombarderos y otras fuerzas directamente desde los Estados Unidos continentales a la lucha según sea necesario para asegurar aún más el éxito en prácticamente cualquier operación contemplada.

Las actividades de entrenamiento de los EEUU por parte de los infantes de marina embarcados en Puerto Rico también sugieren preparación para acciones e incluso podrían usarse como parte del inicio de dicha acción. Además, la visita a la isla del Secretario de Defensa Peter Hegseth y el Comandante del Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, sugiere la atención de alto nivel que se está prestando a los preparativos para una posible acción en el Caribe.

Es importante señalar que la fuerza reunida no es del tamaño para una ocupación a largo plazo de Venezuela o incluso el tipo de toma temporal involucrada en la Operación Causa Justa de 1989 que derrocó al narcodictador panameño. Por lo tanto, es consistente con la postura general de la administración actual de evitar costosos compromisos militares a largo plazo siempre que sea posible.

La lógica militar elemental descrita en este artículo es posiblemente bien conocida por los militares venezolanos y los compinches de Maduro, así como por los cubanos y otros partidarios. De hecho, este autor ya ha oído hablar de acercamientos por parte de los militares venezolanos y otros a personas vinculadas al gobierno electo de jure. Las unidades individuales y las élites afiliadas a Maduro entienden cada vez más que, de una forma u otra, es poco probable que la situación actual termine con su patrón en el poder y, por lo tanto, están pensando en cómo salvarse del enfrentamiento de una fuerza estadounidense muy superior y/o de la prisión por los crímenes cometidos bajo Maduro, una vez que se restablezca el estado de derecho.

El gran número de marines estadounidenses y otros embarcados en buques de guerra en el Caribe implica que el horizonte temporal de Estados Unidos para resolver la confrontación actual no es infinito. Aún así, podría decirse que Estados Unidos tiene flexibilidad de tiempo y numerosas opciones para una respuesta gradual, y con el uso de fuerza letal contra un presunto barco narcotraficante afiliado al Cartel de los Soles, Estados Unidos ha demostrado su disposición a actuar de esta manera.

Si Estados Unidos se compromete a una operación a gran escala, la mayor incertidumbre probablemente no sea el éxito operativo sino la extracción de Maduro vivo. Podría decirse que hay muchos en Venezuela que preferirían que los secretos de Maduro mueran con él, en lugar de salir a la luz en los interrogatorios en los Estados Unidos con el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia.

A pesar de esta perspectiva pesimista, la acción militar de Estados Unidos aún le daría al gobierno democrático legítimo venezolano de Edmundo González una oportunidad escasa y fugaz para restaurar la democracia que deberían reconocer y para la que deberían prepararse. Su recepción empíricamente demostrada del 67% de los votos del pueblo venezolano durante las elecciones nacionales del 28 de julio de 2024 les da una legitimidad inherente que llevaría a muchos, incluidos incluso elementos criminales que buscan estabilidad, a intentar construir un nuevo gobierno a su alrededor.

Después de una intervención estadounidense, probablemente no mantendría fuerzas militares significativas en el país más tiempo del necesario. Como consecuencia, la responsabilidad recaería en Edmundo González o en cualquier gobierno de transición para establecer rápidamente el orden y abordar las necesidades inmediatas y los desafíos fiscales, económicos y legales. Cualquier nuevo gobierno tendría que construir un ejército confiable, probablemente trabajando con unidades cuestionables del régimen anterior, mientras convence a los actores criminales, las milicias ciudadanas y otros actores previamente afiliados al chavismo de que es de su interés a largo plazo apoyar la restauración pacífica de la democracia en lugar de sabotearla.

El nuevo gobierno también tendría que abordar rápidamente la crisis financiera del país, incluida una deuda pendiente estimada de 140.000 millones de dólares incurrida por las expropiaciones y la mala gestión de los regímenes de Chávez y Maduro. Del mismo modo, tendría que lidiar con acciones legales urgentes y sentencias en múltiples tribunales internacionales contra el gobierno si quiere restaurar el acceso de Venezuela a los mercados comerciales y financieros externos.

Si esto no fuera suficiente, el nuevo gobierno también enfrentará la onerosa tarea de reunificar a un país profundamente fracturado y polarizado, construyendo un sentido de unidad nacional venezolana de propósito.

Puede que se acerque la hora en que los venezolanos tengan la oportunidad de rehacer su país en una nueva tradición democrática, forjada en más de dos décadas de sufrimiento después de permitir que su anterior democracia imperfecta fuera secuestrada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Si hay una fuente de esperanza, la Venezuela post-Chávez nunca ha tenido una mejor perspectiva de liberación o un libertador más improbable. Tampoco ha tenido anteriormente un gobierno de “oposición” de jure con un mandato o estilo de forjar la unidad nacional mayor que el que tiene actualmente con Edmundo González y María Corina Machado y sus valientes partidarios. Las victorias nunca están aseguradas, pero ninguna tragedia dura para siempre.