El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio deberán publicitar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de que entren en vigencia.

“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del texto.