Según la acusación, el 16 de agosto de 2020, Musse intentó entrar a la provincia por el puesto sanitario ubicado en Huinca Renancó, acompañado por su cuñada Paola Oviedo, con domicilio en Alta Gracia y discapacidad motriz. Ambos contaban con los permisos de circulación emitidos por el gobierno nacional bajo la causal de fuerza mayor, y el permiso de “regreso a casa” para Oviedo. Sin embargo, no tenían el resultado de un test PCR negativo con 48 horas de vigencia, exigido entonces para ingresar al territorio provincial. Les realizaron dos test rápidos, cuyos resultados fueron luego calificados como falsos positivos, y se ordenó su retorno a la localidad neuquina de Plottier en un operativo de encapsulamiento acompañado por patrulleros.

El fiscal del caso, Julio Rivero, sostuvo en su alegato que tanto Andrada como Morales eran responsables de la decisión de impedir el ingreso. Afirmó que el protocolo 48, vigente en ese momento, contemplaba flexibilidades en casos de fuerza mayor y que Musse debió haber sido trasladado al Hospital de Río Cuarto para realizar allí el PCR. También señaló que se vulneraron los derechos de una persona con discapacidad, en referencia a Oviedo. “Ojo con eso de buscar responsabilidades hacia más arriba”, advirtió Rivero durante la audiencia, y solicitó un año y seis meses de prisión para los dos imputados.