Según Aguiar, el conflicto no responde a criterios técnicos sino a una definición política sobre el rol del Estado, en un debate que atraviesa la garantía de derechos esenciales y la mercantilización de servicios básicos.

Desde el ámbito educativo, los representantes universitarios advierten que los vetos implican un fuerte desfinanciamiento. Señalan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la reducción de becas, el deterioro de la infraestructura y la creciente incertidumbre operativa que afecta el normal funcionamiento de las casas de estudios superiores.