Para tener dimensión de lo que sucedió con esta ley, el articulado original fue empujado por todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo fue firmado por los jefes del kirchnerismo, José Mayans (Formosa); del radicalismo, el exaliado del Gobierno Eduardo Vischi (Corrientes); del macrismo, Alfredo De Ángeli, e incluso desde la bancada -otrora amiga de los libertarios- Provincias Unidas, como el caso del correntino Carlos Espínola, entre otros.

“Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron todos los senadores firmantes en aquel momento. Es decir, la Casa Rosada no podrá acusarlos aquí de intentos de quiebre del déficit fiscal, ya que hablamos de masas de dinero vigentes y disponibles en la actualidad.

Para la tarde de hoy, además aguarda una vieja solicitud para sesionar de la radical -pero que tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) y del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta). El enojo principal contra la legisladora es que “se cortó sola” e incorporó despachos que, según las gafas con las que se mire, tienen objeciones. Un texto que implosionaría el recinto es el que aumenta penas para las falsas denuncias, que estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de este tipo. “Puede convertirse en un desastre”, advierte un experimentado senador desde junio.