En materia de servicios básicos, la institución estableció la suspensión del uso de gas en calderas, una medida que excluye también a los hospitales y circuitos tecnológicos críticos. Este recorte responde a la necesidad de “reducir el gasto operativo” en medio de un panorama financiero que calificaron como “insostenible”. Estas restricciones ya provocaron inquietud entre los estudiantes y el personal docente, dado el impacto directo sobre la vida académica cotidiana.

La situación surge en medio de una escalada de tensión institucional y política. El veto del presidente Milei a la ley de financiamiento, votada previamente por el Congreso, desencadenó protestas en todo el país. La comunidad educativa, así como organizaciones sociales y sindicales, denunciaron el riesgo de paralización que enfrentan las universidades públicas argentinas como resultado del ajuste presupuestario. Durante las manifestaciones, miles de estudiantes, docentes y graduados marcharon en defensa de la educación pública.

La Universidad de Buenos Aires destacó que, pese a la crisis, mantiene en funcionamiento sus hospitales universitarios y garantizará la continuidad del servicio asistencial. El rector Gelpi remarcó que la prioridad es sostener la enseñanza y la atención en salud, aunque advirtió que la profundidad del ajuste “pondrá a prueba la capacidad de la UBA para seguir cumpliendo su misión”.